Financiamiento de infraestructura vial
Por María Paz Jiménez
COLUMNA
Si ampliar la capacidad vial no transforma el modelo territorial ni reduce la dependencia del automóvil, ¿estamos resolviendo la congestión o simplemente postergándola?
Cada vez que el país debate la ampliación de una carretera estratégica, la conversación suele centrarse en la urgencia de ejecutar la obra, en el financiamiento o en los tiempos de construcción.
Es comprensible. La infraestructura vial es un componente esencial para la competitividad, la articulación regional y la conexión entre centros productivos.
Pero el debate reciente sobre la modernización del corredor San José–San Ramón —más allá de su coyuntura legislativa— reactiva una pregunta estructural que trasciende cualquier proyecto puntual: ¿puede la expansión de la infraestructura vial, por sí sola, resolver los problemas de congestión y movilidad que enfrenta el país?


La evidencia en planificación urbana y transporte es consistente. El aumento de capacidad en carreteras suele generar demanda inducida: a mayor oferta vial, mayor uso del vehículo privado. El alivio inicial en los tiempos de viaje tiende a diluirse en el mediano plazo, cuando el tráfico vuelve a alcanzar niveles de saturación similares o incluso superiores. Este fenómeno no es especulativo; ha sido ampliamente documentado en regiones metropolitanas de América Latina.
En ciudades como Santiago de Chile, la expansión sostenida de autopistas urbanas mejoró temporalmente la fluidez, pero consolidó patrones de expansión periférica dependientes del automóvil. En Ciudad de México, la inversión en infraestructura vial elevada y segundos pisos no logró revertir estructuralmente la congestión, en ausencia de una transformación integral del sistema de transporte público. En contraste, experiencias como Bogotá —con la priorización del transporte masivo y la integración de políticas de movilidad— muestran que la infraestructura vial solo produce resultados sostenibles cuando se articula con una estrategia sistémica.


El punto no es cuestionar la necesidad de modernizar corredores estratégicos. En muchos casos, la intervención es indispensable. El problema es asumir que la infraestructura es suficiente.
En Costa Rica, existen instrumentos normativos y de política pública que deberían orientar estas decisiones. La Política Nacional de Desarrollo Urbano, el Plan Nacional de Descarbonización, la legislación en materia de ordenamiento territorial y los planes reguladores cantonales establecen principios claros sobre movilidad sostenible, integración modal y desarrollo compacto. Además, el marco jurídico exige coherencia entre la inversión pública y los objetivos de sostenibilidad ambiental y fiscal.
Las grandes obras viales no son neutrales: moldean el territorio durante décadas. Incentivan localizaciones residenciales, definen patrones de expansión urbana y condicionan el acceso a oportunidades. Cuando la ampliación vial no se acompaña de transporte público interurbano robusto, gestión de la demanda vehicular y planificación territorial coordinada, lo que se consolida es un modelo disperso y dependiente del automóvil. Ese modelo no solo reproduce la congestión; también incrementa emisiones, encarece la provisión de servicios públicos y profundiza desigualdades territoriales.


Por ello, la discusión relevante no es si una carretera estratégica debe ampliarse, sino bajo qué paradigma de movilidad y desarrollo territorial se ejecuta. ¿Está alineada con los compromisos climáticos del país? ¿Se integra con sistemas de transporte público de calidad? ¿Refuerza centralidades compactas o incentiva expansión periférica.
La infraestructura vial es necesaria para la competitividad y para mejorar condiciones de desplazamiento. Pero la transformación estructural del sistema de movilidad exige algo más que ampliar carriles: requiere coherencia entre instrumentos de planificación, visión territorial de largo plazo y una decisión explícita sobre el modelo de desarrollo que se quiere consolidar.
Y esa es una conversación que va mucho más allá de un proyecto específico.


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María Paz Jiménez
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