Costa Rica enfrenta una decisión clave: modernizar una obra estratégica sin creer que más carriles, por sí solos, resolverán la congestión; el reto es complementar este proyecto con mejor transporte público y diversificar su financiamiento más allá de la deuda.

La ampliación y modernización del Corredor Vial San José -San Ramón, que se pretende ejecutar con un préstamo de 770 millones de dólares que se discute en la Asamblea Legislativa bajo el Proyecto de Ley No.25183, constituye una intervención estratégica para el país. Se trata de un corredor logístico esencial para la competitividad, el comercio exterior, la articulación regional y la conexión con los principales centros productivos. Nadie discute su carácter indispensable.

No obstante, desde una perspectiva de planificación territorial y movilidad sostenible, resulta necesario advertir que la expansión de infraestructura vial, por sí sola, no resuelve estructuralmente los problemas de congestión y desplazamiento que enfrenta el país. La evidencia comparada demuestra que el aumento de capacidad en carreteras genera, en muchos casos, demanda inducida: a mayor oferta vial, mayor uso del vehículo privado, reproduciendo en el mediano plazo los mismos niveles de saturación.

Costa Rica requiere transitar hacia un modelo integral de movilidad, donde el fortalecimiento del transporte público —masivo, eficiente, intermodal y de calidad— sea un eje prioritario. La mejora en la movilidad de los costarricenses no puede depender exclusivamente de más carreteras; debe apoyarse en sistemas ferroviarios modernos, redes de autobuses reorganizadas, infraestructura peatonal y ciclista segura, así como en una adecuada planificación urbana que reduzca la necesidad de desplazamientos extensos.

En paralelo, también resulta impostergable revisar el modelo de financiamiento de la infraestructura vial. La dependencia casi exclusiva de la deuda pública para ejecutar obras de gran escala compromete la sostenibilidad fiscal y limita la capacidad del Estado para atender otras prioridades sociales.

La experiencia latinoamericana demuestra que existen mecanismos complementarios que permiten distribuir riesgos y costos de manera más eficiente:

Asociaciones Público-Privadas (APP): trasladan al sector privado la responsabilidad de diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento bajo esquemas de pago por desempeño, reduciendo el impacto inmediato sobre la deuda pública.

Contribuciones especiales y captación de plusvalías: permiten que quienes se benefician directamente del incremento en el valor del suelo derivado de una obra pública contribuyan a su financiamiento.

Mientras países de la región han avanzado en modelos sofisticados de estructuración financiera y gestión integral del ciclo de vida de la infraestructura, Costa Rica mantiene esquemas tradicionales que resultan cada vez menos suficientes frente a las demandas de competitividad y movilidad.

El desafío no es solo construir más, sino planificar mejor, financiar inteligentemente y garantizar sostenibilidad en el largo plazo. Si el país no diversifica sus mecanismos de financiamiento ni integra la infraestructura vial dentro de una política de movilidad más amplia, corre el riesgo de quedar rezagado en América Latina en materia de infraestructura estratégica.

Avanzar hacia modelos modernos no es una opción ideológica, sino una necesidad estructural para asegurar competitividad, sostenibilidad fiscal y calidad de vida para la población.

Referencias

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Créditos

Texto

María Paz Jiménez

Fotografías

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